Ante el total abandono en que se encuentran las personas consumidoras de cannabis por parte de los partidos políticos tradicionales un grupo de ciudadanos de adscripción ideológica variada y con distinta procedencia geográfica hemos decidido que la voz de los consumidores o simpatizantes de lo que, en definitiva, es una lucha por las libertades, debe ser oída y valorada por los electores. No hay vocación de futuro ni intereses electorales: de hecho, vaya por adelantado nuestro compromiso de abandonar todo tipo de representación política en cuanto nuestras demandas sean atendidas.

En definitiva: si nos votas, nos disolvemos.

Desde el año 1992 en que fue aprobada bajo mandato socialista la conocida familiarmente, aunque no cariñosamente, ley Corcuera o Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 1/92 decenas de miles de personas son sancionadas anualmente (con un mínimo de 300 €) por consumir cannabis en la calle o, incluso, sin consumirlo son sancionadas por portarlo encima para consumirlo en casa (el consumo de drogas en un lugar privado no está prohibido por norma alguna en el estado español). La inmensa mayoría de estas sanciones van precedidas o acompañadas de registros o cacheos denigrantes y desproporcionados. Durante esta última legislatura, las sanciones han sido más numerosas que bajo el gobierno del Partido Popular, siendo especialmente sangrante que estando el PSOE en la oposición prometiera derogar estos aspectos de la ley.

Junto a ello, aprovechando la normativa actual y como muestra de repulsa ante el tráfico de drogas y ante la adulteración del producto con el que se comercia, son cada vez más los consumidores que deciden plantar marihuana a fin de abastecerse de la sustancia que utilizan, conocer la calidad del producto y no fomentar o ayudar a las redes de narcotráfico. Esta actividad, unánimemente aceptada como legal por los tribunales choca diariamente con la práctica inquisitorial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que detienen sistemáticamente a personas por tener dos, tres, cuatro plantas de marihuana, o incluso una. Personas que no han tenido jamás relación con la Administración de Justicia, esto es, sin antecedentes penales, se ven inmersos en procedimientos penales acusados de tráfico de drogas que, aunque suelen acabar en sentencia absolutoria, criminaliza un sector de la población cuyo único delito resulta ser el tener un hábito que no causa daño alguno a terceras personas.

Por otra parte, quiera reconocerse o no, está extendido el uso de cannabis para el mitigamiento de los dolores o efectos secundarios de variadas enfermedades o de las medicaciones usadas o para combatirlas. Muchas de estas personas están situadas en una posición de alegalidad y podrían ser sancionadas o detenidas por intentar abastecerse de la sustancia que palia sus padecimientos.

Por todo ello, de resultar elegidos, nos comprometemos con el pueblo malagueño a luchar por la consecución de los siguientes fines:

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